Las modificaciones a los artículos 1, 4, 5, 10, 78 y 79 especifican que la energía eléctrica es un servicio público, clarifican la denominación del término concesión y establecen el ordenamiento del mercado energético para que las actividades vinculadas al tema se desarrollen de manera transparente.
Con el fin de sentar las bases jurídicas para promover pliegos tarifarios a favor de los salvadoreños, la Asamblea Legislativa aprobó, con 64 votos, un pliego de reformas a la Ley General de Electricidad.
Los objetivos de las reformas son diversificar la matriz energética para abrir las puertas a diferentes opciones de producción, apostando a la energía renovable; impulsar un clima de inversión para que las empresas extrajeras vengan al país con reglas más claras y sentar las bases jurídicas para generar condiciones que abaraten los precios en favor de los salvadoreños.
El diputado de Nuevas Ideas, Rodrigo Ayala, explicó que la modificación especifica que la energía eléctrica es un servicio público que debe estar en función de la ciudadanía.
“La misión es tener precios asequibles para la ciudadanía y llevar el servicio a toda la nación porque muchos sectores están olvidados”, señaló.
En el artículo 1, se clarifica que se reconocen como actividades de servicio público lo relativo a la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.
Además, establece que las entidades que incursionen en dichos rubros serán reguladas por la Ley General de Electricidad, sean estas de naturaleza pública, mixta o privada, independientemente de su grado de autonomía y régimen de constitución.
“Con las reformas también se busca tener un mejor control del mercado, esto se va a ver reflejado en la reducción de costos”, subrayó la diputada de Nuevas Ideas, Elisa Rosales.
Acotó que como bancada Cyan seguirán trabajando para colocar al país como un referente en la región por abastecer a la población con energía limpia a bajo costo.
Por su parte, el diputado Mauricio Ortíz, dijo que las nuevas disposiciones de ley contribuirán a la eliminación del poder de algunas empresas que manipulaban los precios a su antojo y que por tanto tenían efectos negativos para la población.
En ese sentido, se establece que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) continuará funcionando como el ente regulador del pliego tarifario y podrá recibir propuestas directas de las generadoras de electricidad en cuanto al precio por megavatio. La oferta más económica será seleccionada para abastecer demandas específicas a bajo costo.
“Estamos permitiendo que el Estado tenga una participación en la regulación del sector, lo que estamos buscando es que las decisiones que aquí se tomen, terminen impactando positivamente los precios de energía que los salvadoreños reciben en sus casas”, enfatizó el diputado William Soriano.
En materia de concesiones, se reafirma que la CEL no tiene participación privada, a fin de garantizar que no se repitan intentos de privatización como sucedió en el caso CEL-ENEL.
Estas reformas se suman a la reestructuración del sector y al reconocimiento de la electricidad como un bien público en beneficio de las grandes mayorías.